25 de noviembre: la fecha que nos recuerda cómo debe operar el Derecho frente a la violencia contra las mujeres

Contenido de mi Cada 25 de noviembre no es solo un gesto simbólico. Es una cita anual que las Naciones Unidas fijaron para mirar de frente todas las formas de violencia contra las mujeres y abrir los 16 días de activismo que culminan el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. El mensaje institucional es claro: sensibilizar, medir, coordinar y actuar mejor cada año.

En España, el eje jurídico lo marca la Ley Orgánica 1/2004. No es un catálogo disperso, sino una arquitectura integral que previene, sanciona y asiste, y que reconoce también a los hijos e hijas menores como víctimas cuando conviven con esa violencia. A partir de esta ley se desplegaron juzgados especializados, órdenes de protección y una red de recursos que hoy vertebran la respuesta pública.

La reforma más reciente del sistema pivota sobre la LO 8/2021, que obliga a escuchar a niños, niñas y adolescentes con suficiente juicio —y, en todo caso, desde los 12 años—, a adaptar los entornos de declaración y a evitar la revictimización con entrevistas únicas y técnicas adecuadas. La perspectiva de infancia ya no es un añadido: atraviesa las decisiones sobre visitas, custodias, medidas cautelares y ejecución.

El marco internacional empuja en la misma dirección. El Convenio de Estambul, vigente en España desde 2014, exige un enfoque de cuatro pilares —prevención, protección, persecución y políticas integradas—, y obliga a que los operadores jurídicos conectemos lo penal, lo civil y lo social para que las medidas funcionen en la vida real, no solo en el papel.

Y hay un recordatorio práctico que conviene no olvidar en resoluciones y diligencias: el ecosistema 016. Es un servicio 24/7, multicanal y accesible —teléfono, chat, correo, y también WhatsApp 600 000 016— que no deja rastro en la factura y al que se puede derivar información en autos, oficios y comunicaciones institucionales sin poner en riesgo a la víctima. Incorporarlo de forma sistemática en la práctica forense salva silencios y tiempos muertos.

En España, a 17 de noviembre de 2025 se han confirmado 38 feminicidios en la pareja o expareja y 1.333 desde 2003; hasta el 31 de octubre, tres menores han sido asesinados en 2025 y el total de huérfanos desde 2013 asciende a 486. En Canarias, el sistema VioGén registró 6.652 casos activos en octubre de 2025, y el 016 atendió en mayo 572 llamadas en el archipiélago (ocho de cada diez realizadas por la propia usuaria). A escala estatal, el 016 acumuló 59.317 consultas entre enero y junio de 2025 y suma 1,4 millones de llamadas desde 2007. En violencia sexual, Interior computó 21.825 delitos en 2023; entre las víctimas identificadas, el 42,6% eran menores (9.185), de las cuales 4.238 tenían menos de 13 años. Estos números sostienen un mensaje procesal claro para quienes operamos en sala: motivación reforzada, coordinación interinstitucional y protección específica de la infancia en cualquier decisión sobre medidas civiles o penales vinculadas a la violencia.

El 25N no va de lazos, va de técnica y de coherencia: motivación reforzada cuando las decisiones afectan a menores, coordinación interinstitucional real, medidas proporcionadas y revisables, y un lenguaje claro que explique por qué la solución adoptada protege mejor la vida, la libertad y la dignidad de las mujeres y de sus hijos e hijas. Ese es el estándar que esta fecha nos recuerda y que, desde Canarias o desde cualquier juzgado del país, estamos llamados a convertir en práctica cotidiana.

Alejandro Mejías Guedes, Abogado especializado en protección de menores y víctimas de violencia.