Conclusiones: proteger a la infancia en Canarias, un compromiso jurídico y social

Los datos del informe “Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España”, elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia en 2025, no dejan lugar a dudas: la violencia hacia los menores adopta múltiples formas y está más presente de lo que solemos admitir. La violencia psicológica, física, sexual, la negligencia, la institucional y la digital, así como la ejercida en el ámbito de la pareja o entre iguales, forman un entramado que requiere una respuesta coordinada desde el derecho, la educación y la acción social.

En el contexto canario, esta realidad adquiere matices particulares. La insularidad, la dispersión geográfica y la falta de recursos especializados en algunas islas hacen que muchos casos de violencia infantil queden invisibilizados o tarden en detectarse. En municipios pequeños, donde todos se conocen, las víctimas pueden temer denunciar por miedo a la exposición o al descrédito. En las grandes áreas urbanas, por el contrario, la saturación de los servicios sociales y judiciales provoca demoras que vulneran el principio de inmediatez que exige la Ley Orgánica 8/2021, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI).

Las Islas Canarias cuentan con una red de servicios de protección de menores y equipos psicosociales que, aunque comprometidos, necesitan más recursos humanos y una formación constante para aplicar la LOPIVI con eficacia. La coordinación entre los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, los Juzgados de Menores, las Fiscalías y los servicios de atención primaria sigue siendo un reto que debe superarse. Es fundamental que las instituciones públicas canarias integren protocolos de actuación comunes y actualizados, especialmente en casos donde concurren varios tipos de violencia (por ejemplo, psicológica y digital, o familiar e institucional).

Desde la perspectiva jurídica, Canarias también enfrenta desafíos en la aplicación práctica del principio del interés superior del menor. Las resoluciones judiciales en materia de custodia, patria potestad o tutela deben incorporar de manera efectiva los informes de los equipos técnicos y garantizar la participación del menor, escuchando su voz en entornos adaptados y seguros. El uso de la prueba preconstituida en casos de violencia sexual o maltrato grave sigue siendo una herramienta que debe consolidarse en todos los partidos judiciales del archipiélago.

Otro aspecto clave es la sensibilización de las familias, los centros escolares y las entidades deportivas. En Canarias, donde la vida comunitaria y el entorno cercano tienen gran peso, resulta imprescindible promover una cultura de prevención y denuncia temprana. La educación en derechos, el acompañamiento psicológico y la orientación jurídica deben estar al alcance de todos los menores, no solo de aquellos que viven en las capitales.

Como abogado especializado en protección de menores y víctimas de violencia, he comprobado que la diferencia entre un caso bien gestionado y uno mal resuelto suele depender de la rapidez en la intervención y de la coordinación entre profesionales. Cuando el sistema actúa de forma lenta o desorganizada, el daño se multiplica; cuando se actúa con firmeza y conocimiento, el menor recupera su seguridad y su voz.

Proteger a la infancia en Canarias no es solo un deber legal, sino una obligación moral. Cada caso atendido, cada denuncia tramitada y cada menor escuchado representan un paso hacia una sociedad más justa. La violencia infantil y adolescente no desaparece por ocultarla; solo se erradica con conciencia, formación y compromiso.

Desde el derecho, la justicia y la educación, Canarias tiene la oportunidad de ser un referente en la aplicación efectiva de la LOPIVI y en la defensa integral de los derechos de los menores. La protección de la infancia no debe entenderse como un servicio, sino como un pilar esencial del bienestar social y de la dignidad humana.

Alejandro Mejías Guedes, Abogado especializado en protección de menores y víctimas de violencia.