La violencia física en la infancia y adolescencia: cuando el daño deja marca

El Ministerio de Juventud e Infancia ha publicado en 2025 un estudio de referencia titulado “Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España”. Su capítulo segundo, dedicado a la violencia física, ofrece datos contundentes sobre una forma de maltrato que sigue presente en demasiados hogares y centros educativos.

El informe define la violencia física como el uso intencionado de la fuerza para causar dolor o miedo, incluyendo empujones, golpes, patadas, bofetadas, tirones de pelo, agresiones con objetos, intentos de estrangulamiento o amenazas con armas. El estudio clasifica esta violencia en dos grados:

a) Grado 1, que engloba agresiones como empujones, bofetadas o golpes sin armas.

b) Grado 2, que implica lesiones graves o riesgo vital.

Los resultados son alarmantes. El 40,5 % de los jóvenes encuestados reconoce haber sufrido violencia física durante su infancia o adolescencia, lo que convierte esta forma de maltrato en la segunda más frecuente después de la psicológica. La prevalencia es mayor en la adolescencia (35,5 %) que en la infancia (18,1 %), y un 13,1 % de los casos se prolongaron de forma continuada a lo largo de ambas etapas.

El informe también evidencia una marcada diferencia por sexo: el 46 % de los hombres declara haber sufrido violencia física, frente al 34,8 % de las mujeres. En ambos casos, los principales perpetradores son los padres (38,8 %) y las madres (37,6 %), aunque también se señalan compañeros de escuela o de actividades deportivas (35,9 %) como agresores frecuentes.

El hogar sigue siendo el entorno donde más se produce esta violencia (67 %), seguido del ámbito escolar (54,5 %). Estas cifras revelan que los espacios que deberían proteger y educar se convierten, con demasiada frecuencia, en escenarios de agresión y miedo.

Desde el punto de vista jurídico, estos datos refuerzan la relevancia de la Ley Orgánica 8/2021, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Esta norma establece la tolerancia cero frente a cualquier forma de maltrato físico, prohíbe expresamente los castigos corporales y obliga a profesores, sanitarios y profesionales del derecho a comunicar los hechos de los que tengan conocimiento. No hacerlo puede suponer responsabilidad administrativa o incluso penal.

Además, la LOPIVI refuerza instrumentos esenciales como la prueba preconstituida y la intervención de los equipos psicosociales, con el fin de evitar la revictimización y asegurar que la voz del menor se escuche en condiciones seguras y adaptadas a su edad.

El informe del Ministerio subraya también que solo un 7,6 % de las víctimas recibió atención especializada y que menos del 10 % llegó a denunciar. La mayoría se limitó a compartir la situación con amigos o familiares, principalmente con la madre (49,2 %). Este dato refleja una preocupante falta de acceso a recursos jurídicos y psicológicos, especialmente en el entorno familiar, donde la víctima suele depender emocional o económicamente del agresor.

Desde una perspectiva forense, la violencia física deja huellas visibles, pero también efectos psicológicos y sociales que pueden perdurar durante años. Las secuelas incluyen trastornos de ansiedad, baja autoestima, problemas de conducta y dificultades escolares. La correcta acreditación de estas consecuencias, mediante informes médicos y psicológicos, es fundamental en los procedimientos judiciales, tanto penales como civiles.

El papel del abogado especializado es clave en este escenario. No se trata únicamente de tramitar una denuncia, sino de acompañar a la víctima y su familia en un proceso que requiere sensibilidad, protección y una estrategia jurídica adaptada. En muchos casos, el menor necesita medidas urgentes de alejamiento del agresor, asistencia psicológica o apoyo en los procedimientos de guarda y custodia.

En mi experiencia como abogado especializado en protección de menores y víctimas de violencia, he comprobado que cada caso requiere una atención individualizada. La violencia física no siempre se manifiesta de forma evidente; a veces aparece camuflada bajo la idea del “castigo educativo” o la “disciplina familiar”. Sin embargo, el derecho español es claro: ninguna forma de violencia hacia un menor es tolerable, y la intervención legal temprana puede ser determinante para evitar daños mayores.

La sociedad tiende a pensar que la violencia física es cosa del pasado, pero los datos demuestran lo contrario. Miles de menores siguen creciendo entre golpes, empujones o amenazas. Su protección exige una implicación conjunta de familias, instituciones y profesionales del derecho.

Si sospechas que un niño o adolescente de tu entorno puede estar sufriendo maltrato físico o cualquier otra forma de violencia, busca asesoramiento jurídico especializado. Denunciar no solo es un derecho, sino una forma de romper el silencio y proteger a quienes más lo necesitan.

Alejandro Mejías Guedes, Abogado especializado en protección de menores y víctimas de violencia.