La violencia psicológica en la infancia: una forma silenciosa de maltrato que deja huella

Hablar de violencia contra la infancia es hablar de una realidad que, aunque en ocasiones permanece oculta, afecta a miles de menores en nuestro país. No todas las violencias dejan marcas visibles: algunas se instalan de forma silenciosa, a través de palabras, actitudes o controles que minan poco a poco la autoestima y el bienestar emocional de un niño o adolescente.

El Ministerio de Juventud e Infancia, en su estudio “Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España” (2025), ha puesto cifras a esa realidad. Los resultados son tan contundentes como inquietantes: casi la mitad de los jóvenes de entre 18 y 30 años (48,1 %) reconoce haber sufrido algún tipo de violencia psicológica durante su infancia o adolescencia.

Esta violencia emocional —la más frecuente de todas las formas analizadas— abarca desde el control constante y las humillaciones hasta los insultos, amenazas o el aislamiento social. Se trata de una conducta sostenida en el tiempo que atenta contra la dignidad del menor, sin necesidad de contacto físico. El informe la clasifica en tres grados: violencia de control (por ejemplo, revisar el móvil o las redes del menor), violencia de humillación (insultos, amenazas o desprecios) y violencia económica o de privación, relacionada con el uso del dinero o los recursos para ejercer poder o castigo.

Según el estudio, la violencia psicológica aparece con más frecuencia durante la adolescencia (45,1 %), aunque también afecta de manera relevante a la infancia (19,9 %), y en un 16,9 % de los casos se mantiene de forma continuada durante ambas etapas. Es decir, muchos menores crecen durante años en un entorno hostil sin que nadie intervenga a tiempo.

Los principales agresores identificados son madres (60,4 %) y padres (56 %), seguidos de amistades, compañeros y, en la adolescencia, parejas sentimentales. En la mayoría de los casos, los hechos se producen en el entorno familiar (81,8 %) o escolar (73,4 %), espacios que deberían representar seguridad y confianza.

Desde el punto de vista jurídico, estos datos evidencian la urgencia de aplicar de forma efectiva los instrumentos de protección previstos en la Ley Orgánica 8/2021, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Esta norma impone a todos los profesionales —docentes, sanitarios, trabajadores sociales y también abogados— el deber de comunicar cualquier indicio de maltrato o vulneración de derechos del menor. Además, refuerza la obligación de adoptar medidas inmediatas de protección, evitando la revictimización y garantizando el derecho del menor a ser escuchado de forma segura.

Entre las herramientas jurídicas más relevantes se encuentra la prueba preconstituida, que permite recoger el testimonio del menor víctima de violencia en fase de instrucción, en condiciones adecuadas y sin exponerle a nuevos interrogatorios durante el juicio. También destaca el papel de los equipos psicosociales y la necesidad de coordinación entre la jurisdicción penal, civil y de menores para ofrecer una respuesta integral.

El estudio del Ministerio de Juventud e Infancia añade un dato especialmente preocupante: la mitad de las víctimas no ha recibido ningún tipo de ayuda profesional ni psicológica, y solo un 5 % llegó a denunciar los hechos. Esto revela una brecha entre la existencia de derechos reconocidos y su ejercicio efectivo. El miedo, la dependencia emocional y la falta de confianza en las instituciones siguen siendo barreras que impiden a muchos menores y familias buscar ayuda.

Desde la práctica jurídica, los casos de violencia psicológica requieren una atención particularmente cuidadosa. No basta con acreditar los hechos; es necesario entender el impacto emocional y social que producen en el menor. Las pruebas psicológicas, los informes escolares y los testimonios de entorno cercano son esenciales para construir una defensa sólida o para sostener la acusación cuando el menor es la víctima.

Como abogado especializado en protección de menores y víctimas de violencia, defiendo un enfoque que combine el rigor procesal con la sensibilidad humana. En cada caso, el objetivo es doble: proteger al menor de nuevas situaciones de daño y garantizar que su voz sea escuchada en el procedimiento judicial. La violencia psicológica, aunque invisible, deja huellas profundas que pueden acompañar a la persona toda la vida. Detectarla y actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre el sufrimiento silencioso y la recuperación.

Si sospechas que un menor de tu entorno está siendo víctima de maltrato emocional, control o humillación, busca asesoramiento jurídico especializado. La intervención temprana no solo previene nuevas agresiones, sino que activa mecanismos de protección eficaces y seguros.

Proteger a la infancia no es solo una obligación legal, es un deber ético. Cada menor merece crecer libre de miedo, escuchado y acompañado por profesionales comprometidos con su bienestar.

Alejandro Mejías Guedes, Abogado especializado en protección de menores y víctimas de violencia.