Recursos de protección a la infancia y adolescencia en Canarias

La protección de los menores frente a cualquier forma de violencia exige una red sólida de instituciones, servicios y profesionales. En Canarias, la aplicación de la Ley Orgánica 8/2021, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) ha impulsado la creación de estructuras de prevención y atención, pero su eficacia depende de la coordinación entre los servicios públicos y las entidades sociales que trabajan sobre el terreno.

El archipiélago canario cuenta con una red diversa de recursos jurídicos, educativos y psicológicos, aunque la dispersión insular y la desigualdad territorial siguen siendo retos pendientes. A continuación se describen los principales mecanismos de protección disponibles.

1 Servicios sociales municipales

Los servicios sociales de base son la primera puerta de entrada cuando existe sospecha de maltrato o negligencia. En todos los ayuntamientos existen unidades de atención a la infancia y la familia, formadas por trabajadores sociales, educadores y psicólogos que valoran las situaciones de riesgo y derivan los casos a las autoridades autonómicas o judiciales.

En municipios grandes como Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife o Arona, existen equipos especializados en intervención familiar, capaces de actuar de urgencia. En los municipios medianos o rurales, los servicios comarcales y los cabildos asumen esta función con apoyo de las unidades de infancia.

2 Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias

La Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, es la autoridad autonómica competente en materia de tutela, guarda y protección.

Gestiona las medidas de desamparo, acogimiento residencial y familiar, coordina los programas de prevención y supervisa los centros y hogares concertados. Desde su sede en Santa Cruz de Tenerife y su delegación en Las Palmas, mantiene convenios con entidades especializadas en atención a menores en riesgo.

3 Fundación Márgenes y Vínculos

La Fundación Márgenes y Vínculos desarrolla una labor destacada en Canarias en materia de protección de menores, violencia familiar y prevención del abuso sexual infantil.

Entre sus programas más relevantes se encuentran:

• Atención integral a menores víctimas de abuso sexual y a sus familias.

• Intervención psicosocial en contextos de violencia de género y doméstica.

• Programas de educación afectivo-sexual y prevención del maltrato.

• Formación y sensibilización dirigida a profesionales del ámbito educativo, judicial y social.

La fundación colabora con el Gobierno de Canarias, los cabildos y diversos ayuntamientos, y está presente en varias islas, especialmente en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Su enfoque interdisciplinar combina la atención psicológica, social y jurídica, con especial cuidado en evitar la revictimización.

4 Equipos psicosociales judiciales

Los equipos técnicos adscritos a los juzgados de Familia y de Menores en Canarias elaboran informes sobre la situación emocional y social de los menores, valoran la existencia de riesgo y proponen medidas de protección.

Su intervención es decisiva en procesos de custodia, tutelas, adopciones o medidas cautelares, y en casos de violencia intrafamiliar. Estos equipos, coordinados con la Fiscalía de Menores, desempeñan un papel esencial en la aplicación del principio del interés superior del menor.

5 Unidades policiales especializadas

En Canarias operan las unidades GRUME (Grupos de Menores) de la Policía Nacional y los equipos EMUME (Mujer-Menor) de la Guardia Civil, con presencia en todas las islas principales.

Ambas unidades investigan delitos de maltrato infantil, abusos sexuales, grooming, ciberacoso, pornografía infantil y violencia familiar, colaborando estrechamente con los juzgados y la Dirección General de Infancia.

6 Recursos educativos y escolares

Todos los centros educativos de Canarias deben contar con un coordinador o coordinadora de bienestar y protección, figura introducida por la LOPIVI para garantizar la prevención y detección de la violencia.

La Consejería de Educación ha aprobado el Protocolo de actuación ante el acoso escolar y el ciberbullying, que obliga a los centros a comunicar cualquier sospecha de acoso en menos de 48 horas. Programas como “Educar para Convivir” o “Escuelas Seguras” refuerzan la formación del profesorado en convivencia y educación digital.

7 Atención psicológica y entidades colaboradoras

Canarias cuenta con una red de entidades que trabajan junto a la administración pública para ofrecer atención psicológica, social y jurídica a menores y familias:

• Fundación Márgenes y Vínculos, con programas especializados en violencia sexual y doméstica.

• Fundación Canaria Yrichen, enfocada en prevención de adicciones y atención a jóvenes en riesgo.

• Asociación Arena y Laurisilva, que atiende a mujeres y menores víctimas de violencia de género.

• Fundación ANAR, gestora del teléfono 900 202 010, disponible las 24 horas.

• Save the Children Canarias, con programas de intervención educativa y emocional en barrios vulnerables.

Estas entidades colaboran activamente con los servicios públicos y forman parte de la red insular de atención a la infancia.

8 Recursos digitales y canales nacionales

En casos de ciberacoso o difusión de material sensible, las familias en Canarias pueden acudir a:

• INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad): línea gratuita 017.

• AEPD (Agencia Española de Protección de Datos): canal prioritario para eliminar imágenes de menores.

• Policía Nacional y Guardia Civil: denuncias presenciales o telemáticas.

9 El papel del abogado especializado

El sistema de protección canario ofrece múltiples vías, pero la falta de coordinación puede generar demoras. Por ello, la asistencia de un abogado especializado en protección de menores es fundamental para activar los protocolos correctos, presentar denuncias, solicitar medidas cautelares o reclamar responsabilidad civil o administrativa cuando las instituciones no actúan.

En Canarias, donde la realidad judicial y administrativa varía entre islas, contar con un profesional que conozca la estructura local es una garantía de eficacia y de protección real para el menor.

Canarias dispone de recursos sólidos, pero necesita reforzar su red de coordinación y ampliar la cobertura en las islas no capitalinas. La colaboración entre administraciones, entidades sociales y profesionales del derecho es clave para que ningún menor quede sin protección.

La Fundación Márgenes y Vínculos y otras organizaciones de la red canaria de infancia demuestran que la intervención integral y temprana funciona: combina apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y acompañamiento social, logrando reparar el daño y devolver a los menores la confianza en el sistema.

Proteger a la infancia canaria es una responsabilidad compartida. Cada denuncia atendida y cada intervención profesional son pasos concretos hacia una sociedad más segura, justa y humana.

Alejandro Mejías Guedes, Abogado especializado en protección de menores y víctimas de violencia
Maspalomas – Las Palmas de Gran Canaria