Violencia digital contra menores: el nuevo escenario del maltrato invisible

El desarrollo de la tecnología ha transformado las relaciones sociales, pero también ha abierto un espacio donde la violencia contra los menores se manifiesta con nuevas formas y consecuencias. El capítulo 6 del informe “Prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España”, elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia en 2025, advierte de un fenómeno en expansión: la violencia digital o ciberviolencia ejercida a través de redes sociales, mensajería o videojuegos en línea.

Según el estudio, uno de cada tres jóvenes (34,5 %) afirma haber sufrido algún tipo de violencia digital durante su infancia o adolescencia. Las conductas más frecuentes incluyen acoso, difusión de imágenes sin consentimiento, amenazas, insultos, control mediante redes, chantaje emocional y manipulación a través de internet. La cifra aumenta hasta el 52 % entre quienes tuvieron pareja durante la adolescencia, lo que demuestra la conexión entre las dinámicas de control y la violencia de género digital.

La violencia digital presenta características particulares. A diferencia de la agresión física o psicológica directa, el daño se multiplica por la permanencia y difusión del contenido. Una foto, un mensaje o un rumor pueden extenderse en cuestión de segundos y mantenerse accesibles durante años. Esto genera en las víctimas ansiedad, aislamiento, miedo a la exposición pública y, en los casos más graves, pensamientos autodestructivos.

El informe detalla que los principales agresores son compañeros de clase (45 %), amigos del entorno digital (28 %) y, en menor medida, parejas o exparejas (17 %). En muchos casos, la violencia se ejerce de manera anónima o colectiva, lo que dificulta su identificación y la denuncia. Los entornos donde más se producen estos episodios son las redes sociales (73 %), las plataformas de mensajería instantánea (61 %) y los videojuegos en línea (34 %).

Desde el punto de vista jurídico, la Ley Orgánica 8/2021, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) reconoce la violencia digital como una forma de maltrato y establece medidas específicas para su prevención. La norma obliga a los centros educativos, instituciones y plataformas tecnológicas a adoptar protocolos de actuación ante casos de ciberacoso o difusión de material sensible. Asimismo, exige a los profesionales —entre ellos, abogados, docentes y psicólogos— comunicar cualquier indicio de ciberviolencia que afecte a un menor.

El Código Penal español también contempla diversas conductas relacionadas con la violencia digital. Entre ellas, el acoso (artículo 172 ter), las amenazas y coacciones (artículos 169 y 172), el descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197), y los delitos de corrupción y explotación sexual de menores (artículos 183 y 189). Las penas pueden oscilar entre los seis meses y los quince años de prisión, según la gravedad y la edad de la víctima.

La jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo ha reforzado la protección penal frente a delitos cometidos en entornos digitales, reconociendo la especial vulnerabilidad de los menores y la dificultad de eliminar los contenidos una vez difundidos. Por ello, la intervención temprana y la preservación de pruebas digitales (mensajes, capturas de pantalla, correos, metadatos) son esenciales para sustentar la denuncia y garantizar la efectividad del proceso judicial.

El abogado especializado en protección de menores cumple un papel decisivo en estos casos. No solo debe presentar la denuncia y reclamar medidas cautelares para proteger a la víctima, sino también coordinar la asistencia psicológica y asesorar sobre la retirada del contenido de internet. La actuación rápida es crucial: cada día que pasa aumenta el daño y la exposición del menor.

La prevención también tiene una dimensión educativa. Padres, tutores y docentes deben implicarse en la formación digital de los menores, enseñando un uso responsable y seguro de la tecnología. El entorno jurídico puede aportar mucho en este ámbito mediante charlas, protocolos y asesoramiento legal preventivo.

La violencia digital es el reflejo de un problema más profundo: la falta de límites en un espacio donde el daño se propaga sin control. Detectarla y actuar con firmeza es una cuestión de justicia y de protección de derechos fundamentales.

Si un menor de tu entorno sufre acoso, chantaje o difusión de contenido íntimo en redes, busca asesoramiento jurídico especializado. Una intervención legal inmediata puede detener la violencia y restablecer la seguridad del menor.

Alejandro Mejías Guedes, Abogado especializado en protección de menores y víctimas de violencia.